El emperador D. Carlos y la Reina Gobernadora en Toledo a 24 de agosto de 1529.

Mandamos que ningún intérprete, o lengua de los que andan por las provincias, ciudades y pueblos de los indios a negocios ó diligencias que les ordenen los gobernadores y justicias, ó de su propia autoridad, pueda pedir, ni recibir, ni pida, ni reciba de los indios para sí, ni las justicias, ni otras personas, joyas, ropas, mantenimientos ni otras cosas, pena de que el que lo contrario hiciera pierda sus bienes para nuestra cámara y fisco, y sea desterrado de la tierra, y los indios no den más de lo que sean obligados á dar á las personas que los tienen en encomienda.

El emperador D. Carlos y la Emperatriz Gobernadora en Valladolid a 12 de setiembre de 1537.
Que el indio que hubiere de declarar, pueda llevar otro indio latino cristiano que esté presente.

Somos informados que los intérpretes y naguallatos que tienen las audiencias y otros jueces y justicias de las ciudades y villas de nuestras Indias, al tiempo que los indios los llevan para otorgar escrituras ó para decir sus dichos ó hacer otros autos judiciales y extrajudiciales, y tomarles sus confesiones, dicen algunas cosas que no dijeron los indios, ó las dicen y declaran de otra forma, con que muchos han perdido su justicia, y recibido grave daño: Mandamos que cuando alguno de los presidentes y oidores de nuestras audiencias ú otros cualesquier juez enviare á llamar á indio ó indios, que no sepan la lengua castellana, para les preguntar alguna cosa ó para otro cualquier efecto, ó viniendo ellos de su voluntad á pedir ó seguir su justicia, les dejen y consientan que traigan consigo un cristiano amigo suyo que esté presente, para que vea si lo que ellos dicen á lo que se les pregunte y pide, es lo mismo que declaran los naguallatos e intérpretes, porque de esta forma se puede mejor saber la verdad de todo, y los indios estén sin duda de los que los intérpretes no dejaron de declarar lo que ellos dijeron, y se excusen otros muchos inconvenientes que se podrían recrecer.

D. Felipe II en Monzón a 4 de octubre de 1563, Ordenanza 297 de Audiencias.
Que haya número de intérpretes en las audiencias, y juren conforme á esta ley

Ordenamos y mandamos que en las audiencias haya número de intérpretes, y que antes de ser recibidos juren en forma debida, que usaran su oficio bien y fielmente, declarando e interpretando el negocio y pleito que les fuere cometido, clara y abiertamente, sin encubrir ni añadir cosa alguna, diciendo, simplemente el hecho, delito ó negocio, y testigos que se examinaren, sin ser parciales á ninguna de las partes, ni favorecer mas á uno que á otro, y que por ello no llevarán interés alguno más del salario que les fuere tasado y señalado, pena de perjuros, y del daño é interés, y que volverán lo que llevaren, con las setenas y perdimiento de oficio.

El mismo allí, ordenanza 298
Que los intérpretes no oigan en sus casas ni fuera de ellas á los indios, y los lleven á la audiencia

Ordenamos que los intérpretes no oigan en sus casas ni fuera de ellas á los indios que vinieren á pleitos y negocios, y luego sin oírlos los traigan á la audiencia, para que allí se vea y determine la causa conforme á justicia, pena de tres pesos para los estrados por la primera vez que lo contrario hicieren; y por la segunda la pena doblada, aplicada según dicho es; y por la tercera, que demás de la pena doblada, pierdan su oficio.

D. Felipe II ordenanza 298 de 1563
Que los intérpretes no reciban dádivas ni presentes

Los intérpretes no reciban dádivas ni presentes de españoles, indios ni otras personas que con ellos tuvieran ó esperaren tener pleitos ó negocios en poca ó mucha cantidad, aunque sean cosas de comer ó beber, y ofrecidas, dadas ó prometidas de su propia voluntad, y no lo pidan, ni otros por ellos, pena de que lo volverán con las setenas para nuestra cámara, y esto se pueda probar por la vía de prueba que las leyes disponen, contra los jueces y oficiales de nuestras audiencias.

El mismo allí, ordenanza 302
Que los intérpretes no se ausenten sin licencia del Presidente

Mandamos que los intérpretes no se ausenten sin licencia del presidente, pena de perder el salario del tiempo que estuvieran ausentes y de doce pesos para los estrados por cada vez que lo contrario hicieren.

El mismo, ordenanza 306
Que los días de audiencia resida un intérprete en los oficios de los escribanos

Mandamos que un intérprete resida por su orden los días de audiencia en los oficios de los escribanos a las nueve de la mañana, para tomar la memoria que el fiscal diere, y llamar los testigos que conviniere examinarse por el fisco, pena de medio peso para los pobres de la cárcel por cada día que faltare.

El mismo allí, ordenanza 305
Que de cada testigo que se examinare lleve el intérprete los derechos que se declaran.

De cada testigo que se examinare por interrogatorio que tenga de doce preguntas arriba lleve el intérprete dos tomines. y siendo el interrogatorio de doce preguntas y menos, un tomín, y no más, pena de pagarlo con el cuatro tanto para nuestra cámara; pero si el interrogatorio fuere grande, y la causa ardua, el oidor o juez ante quien se examinare lo pueda tasar, demás de los derechos, en una suma moderada, conforme el trabajo y tiempo que se ocupare.

El mismo allí, ordenanza 304
Que se señale el salario á los intérpretes por cada un día que salieren del lugar y no puedan llevar otra cosa

Cada un día que los intérpretes salieren del lugar donde residiere la audiencia por mandado de ella, lleven de salario y ayuda de costa dos pesos, y no más, y no comida ni otra cosa, sin pagarla, de ninguna de las partes directa ni indirecta, pena de las setenas para nuestra cámara.

D. Felipe II en Aranjuez á 10 de mayo de 1583.
Que los intérpretes de los indios tengan las partes y calidades necesarias, y se les pague el salario de gastos de justicia, estrados, o penas de cámara

Muchos son los daños e inconvenientes que pueden resultar de que los intérpretes de la lengua de los indios no sean de la fidelidad, cristiandad y bondad que se requiere, por ser el instrumento por donde se ha de hacer justicia, y los indios son gobernados y se enmiendan los agravios que reciben; y para que sean ayudados y favorecidos: Mandamos que los presidentes y oidores de nuestras audiencias cuiden mucho de que los intérpretes tengan las partes, calidades y suficiencia que tanto importan, y los honren como lo merecieran, y cualquier delito que se presumiere y averiguare contra su fidelidad, le castiguen con todo rigor, y hagan la demostración que conviniere.

D. Felipe IV en S. Lorenzo á 16 de octubre de 1630.
Que el nombramiento de los intérpretes se haga como se ordena, y no sean removidos sin causa y de residencia.

Nombran los gobernadores á sus criados por intérpretes de los indios, y de no entender la lengua resultan muchos inconvenientes: teniendo consideración al remedio, y deseando que los intérpretes, demás de la inteligencia de la lengua, sean de gran confianza y satisfacción. Mandamos que los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores de las ciudades no hagan los nombramientos de los intérpretes solos, sino que preceda examen, voto y aprobación de todo el cabildo ó comunidad de los indios, y que el que una vez fuere nombrado no pueda ser removido sin causa, y que se les tome residencia cuando la hubiera de dar los demás oficiales de las ciudades y cabildos de ellas.

"Traducirá todos los papeles o documentos que se le confíen por cualquier autoridad, haciendo la versión al castellano con la más severa escrupulosidad, sin permitirse la menor licencia, sino la que demande estrictamente la fraseología de los idiomas, inclinándose en todo lo posible a la traducción literal, y nunca a la libre; pero siempre explicando y vertiendo con toda claridad, y sin dar lugar a dudas, el verdadero sentido del original; siendo de su cargo las costas y perjuicios que de lo contrario se originaren."

"Estarán obligados como todos los demás curiales y empleados públicos, a ejercer su empleo sin ningún estipendio en los negocios de oficio o de los insolventes; en los demás casos devengarán sus derechos conforme a lo que sobre el particular se prevenga."

"En todos los asuntos de oficio nombrarán precisamente las autoridades a los Intérpretes públicos para los casos en que sean necesarios; y estos deberán asistir con exactitud a su llamada, evacuando con toda fidelidad el encargo que se les confíe, previo el correspondiente juramento, cuando se creyere necesario.

Art. 11. En los asuntos entre partes, éstas pueden hacer intervenir en las interpretaciones que les convengan, al perito que elijan, pero siempre acompañado del público, que es el que tiene la confianza de la autoridad. en caso de discordia la dirimirá el otro intérprete en La Habana u otro perito nombrado por el Juez.

Art. 12 En los asuntos criminales precederá siempre a las interpretaciones, el juramento en forma del Intérprete de que hará las interpretaciones con la más escrupulosa fidelidad."

"Por cada pliego de papel traducido con veinte renglones y treinta letras cada línea, siendo la versión del francés, inglés, italiano o portugués al castellano, dos pesos."

"Diferentes ocasiones he tenido para cerciorarme de la facilidad con que a muchos sencillos indios se les hace firmar representaciones en castellano, y cuando hay que actuar sobre ellas alegan ignorar su contenido, que no supieron lo que firmaron, que no escribieron lo que ellos dictaron, o no les leyeron lo que estaba escrito. De aquí resultan por una parte estafas, y por otra entorpecimiento en aplicar la acción del gobierno o en la administración de justicia."

"Ningún caballero ni Fraile de las mismas órdenes comisionado para pruebas de extranjeros en esta Corte por patria común, admita certificación, acto positivo ni documento alguno de fuera del reino que viniere sin atestado u otro igual resguardo del Embajador, Ministro, Encargado de Negocios, Cónsul ú otra persona pública que represente á nuestra Nación en aquellas partes, por donde conste de la sinceridad é integridad del instrumento, y de estar librado en la forma allí usada, lo cual ha de expresarse por el Secretario de la Interpretación de lenguas al pie de la traducción que hace de tales instrumentos".

"El señor secretario de Estado y del Despacho dice al de la Gobernación de la Península en 24 del actual lo siguiente: Al señor secretario del Despacho de Gracia y Justicia digo con esta fecha lo que sigue: Habiéndose notado la suma facilidad con que se admiten en los tribunales y oficinas públicas documentos extranjeros originales, o las traducciones de intérpretes intrusos sin el pase por la Interpretación de Lenguas, que es como únicamente pueden hacer fe, ha tenido a bien resolver S.A. el Regente del Reino diga a V.E., como de su orden lo ejecuto, se sirva ordenar a los tribunales y demás dependencias de este Ministerio no admitan traducción alguna de documentos extranjeros sin que ésta sea hecha auténtica y legalmente por la citada Interpretación de Lenguas".

R. O. 8 Marzo 1843

"Sin embargo de lo comunicado á ese Ministerio en 21 de Setiembre de 1841, y vistas las reclamaciones de los tribunales de comercio, y el informe que sobre el particular ha evacuado el Tribunal Supremo de Justicia: S.A. el Regente del Reino ha tenido á bien declarar que la citada orden de 24 de septiembre de 1841, sólo tenga efecto en esta corte, y que en los demás puntos del Reino sigan como hasta aquí, haciendo traducción de documentos extranjeros, los intérpretes jurados que hasta ahora las han hecho, conservando las partes interesadas en litigios el derecho de acudir a la interpretación de lenguas, caso de no estar satisfechas con las traducciones de los intérpretes de los puntos donde se hallen para rectificarlas ó asegurarse de su fiel traducción".

"A fin de facilitar el despacho de los asuntos judicialmente tratados dentro del fuero de Guerra y del de extranjería cuando se presenten documentos redactados en otra lengua que la castellana, se ha dignado resolver S.M. la Reina, de acuerdo con lo que ha propuesto el Ministerio de Estado, este de la Guerra y el tribunal supremo de Guerra y Marina: 1º Que no sea siempre indispensable el remitir los papeles de que se trata, bastando que los traduzcan los intérpretes jurados cuando los haya, ó como periciales los maestros que enseñen idiomas, y en su defecto cualquier sujeto idóneo para ejercer dicho acto, previo en todos casos el juramento de costumbre y además bajo la responsabilidad correspondiente. 2ª Que como este servicio es de los obligatorios a toda persona que ejerce una profesión ú oficio, y de cuyo leal saber y entender necesitan valerse los tribunales en muchas ocasiones, la Autoridad judicial podrá compeler á la persona elegida para que preste su auxilio hasta gratuitamente en interés de la justicia y de la conveniencia pública, salvo aquellos casos en que el traductor pueda llevar honorarios con arreglo a las leyes que rigen sobre este punto para los demás peritos de cualquiera otra clase que intervienen en los juicios".

"Los cónsules generales, cónsules y vicecónsules o agentes consulares respectivos podrán traducir toda clase de documentos emanados de las autoridades o funcionarios de su país y estas traducciones tendrán en el de su residencia la misma fuerza y valor que si hubieran sido hechas por los intérpretes jurados del territorio".

"Teniendo noticia en este Ministerio de que algunos documentos procedentes del extranjero vienen acompañados de traducciones al castellano hechas por intérpretes jurados en la localidad, y para evitar que éstas, aunque legalizadas por nuestros cónsules, puedan ser consideradas como válidas en contra de lo dispuesto; ruego a V.E. que se sirva llamar la atención de quien corresponda, a fin de que no sean admitidas como dignas de fe más que las traducciones hechas en la Interpretación de Lenguas de este Ministerio, o por los intérpretes jurados de Real nombramiento, o bien las verificadas por los cónsules acreditados en España de los países con los cuales se ha estipulado esa prerrogativa en virtud de convenios especiales".

"Correspondiendo a la prohibición impuesta por la Dirección de Aduanas de Francia a los cónsules españoles, en esta Real orden no se permite a los franceses ejercer funciones de corredores de comercio e intérpretes ni autorizar las traducciones de los manifiestos de los capitanes de buques, ni los certificados de origen a los efectos de las Ordenanzas de Aduanas".

"Resultando que dada la índole del asunto y por no ser de la sola y exclusiva competencia de este Ministerio (hacienda) se dirigió consulta al de Fomento. Resultando que dicho Ministerio de Fomento, teniendo en cuenta que el Código de Comercio fue redactado y publicado por el de Gracia y Justicia, consideró que sólo al mismo incumbía adoptar una resolución acerca del particular y en su virtud se transmitió la consulta" (Real Orden de 12 de diciembre de 1891).

"Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio por varios intérpretes jurados solicitando la modificación del apartado letra C de la disposición 12ª del vigente Arancel de Aduanas, en el sentido de que el derecho de hacer las traducciones de los certificados de origen radique en primer término en los intérpretes jurados, y a falta de éstos en los Intérpretes corredores de buques o en las demás entidades que se citan en el referido precepto, por el orden que en el mismo se indica.

Resultando que por Real orden de 17 de octubre de 1894 se manifestó a los recurrentes que no podía admitirse su instancia por no ser incumbencia de este Ministerio señalar el orden por el cual debe el comercio valerse para la traducción de los aludidos documentos de las personalidades que expresa la referida disposición legal, ni modificar ésta ínterin que por la Autoridad competente no se declarase que los Intérpretes jurados eran los más aptos para traducir dichos certificados, y en su defecto los corredores de buques y demás entidades que se señalan.

Resultando que posteriormente el Ministerio de Estado ha manifestado que, los intérpretes jurados, por la circunstancia de su previo examen en que el departamento, son los más autorizados para traducir en los puertos donde residan todos los documentos que hayan de hacer fe en oficinas y tribunales, excepto los presentados por los Capitanes y Sobrecargos de los buques, cuya traducción corresponde a los Corredores Intérpretes de navíos y salvo las facultades concedidas a los cónsules de las naciones convenidas para hacer la traducción de los documentos emanados de las Autoridades de su país.

Resultando que por reales órdenes de 16 de julio de 1885 y 12 de diciembre de 1891 se ha declarado el derecho de los intérpretes jurados para traducir toda clase de documentos oficiales con prioridad a los Corredores y Cónsules o Agentes consulares, salvo los casos en que a cada uno de estos corresponde la traducción de tales documentos.

Considerando, en virtud de lo expuesto, que no hay ningún impedimento legal para otorgar lo que se solicita, y que, antes por el contrario, las traducciones que practiquen los intérpretes jurados han de tener siempre mayor garantía de exactitud puesto que aquellos son funcionarios que, según acredita el título que se les ha expedido para el ejercicio de su profesión, poseen idiomas que a veces son desconocidos por las otras entidades que se cita en la disposición 12ª del Arancel.

S.M. el Rey (Q.D.G.), y en su nombre la Reina regente del reino, conformándose con lo propuesto por esa Dirección General se ha servido disponer se acceda a la petición de los recurrentes, respecto a la traducción de los certificados de origen, pero dejando siempre a salvo el derecho que asiste a los Cónsules de las naciones convenidas para traducir dichos documentos, por estar estos expedidos por las Autoridades de los países que aquéllos representan.

De Real Orden, lo digo a V.I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V.I. muchos años.- Sr. Director General de Aduanas.

Reglamento de la carrera de intérpretes
24 de julio de 1870
Capítulo XV De los Intérpretes Jurados

Art. 80. El nombramiento de los intérpretes jurados que sean necesarios en las provincias, continuará expidiéndose como hasta aquí por el Ministerio de Estado.

Art. 81. Para obtener dicho nombramiento, el que lo pretenda deberá dirigir por sí, o por medio del Gobernador civil de la respectiva provincia, una solicitud acompañada de la partida de nacimiento, por donde pruebe haber cumplido la mayor edad y ser español. En vista de ambos documentos, el Ministerio de Estado pedirá informe al Gobernador acerca de la necesidad de intérprete jurado en el punto en que haya de ejercer su profesión el solicitante, ya exista o no otro u otros en él, y sobre la buena vida y costumbres del interesado. Siéndole favorable el informe de ambos extremos, se someterá a un examen en la Interpretación de Lenguas en Madrid, a fin de probar su capacidad y su conocimiento de los idiomas para cuya versión al castellano pida ser autorizado.

Art. 82. Obtenido el nombramiento en vista de buena nota en el examen, prestará ante el Gobernador respectivo el debido juramento de ejercer fielmente y en conciencia su profesión, y no podrá cobrar por las traducciones que expida otros derechos que los señalados en la tarifa vigente en la Interpretación central, quedando siempre sus traducciones sujetas, si los interesados o los tribunales o Autoridades lo exigiesen, a la revisión de dicha dependencia.

Art. 83. La profesión de intérprete jurado continuará, por lo demás, siendo distinta de la de Intérprete de puerto o de sanidad, y de la de Intérpretes periciales que los tribunales u otras autoridades elijan en ocasiones dadas y en punto donde no exista intérprete jurado, o en que, existiendo éste, no pudiera traducir verbalmente el idioma que se exigiese.

Los desvelos eruditos de D. Josep Peñarroja Fa, Vicepresidente de la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI), le han llevado a rastrear la primera referencia oficial de los intérpretes jurados en una real orden de 8 de marzo de 1843. Celebramos, por tanto, el 150 Aniversario de la creación formal de la figura de los intérpretes jurados, aunque lo cierto es que éstos venían existiendo ya con anterioridad y con su dependencia de la actual oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, a efectos de exámenes y nombramientos. Su nacimiento obedeció, sin duda, a la incipiente internacionalización de las relaciones públicas y privadas que hacían imposible que el estado asumiera la función traductora de las relaciones particulares.

Hoy en día, con el siglo XXI llamando a la puerta, este proceso tiende a acentuarse. Los contactos lingüísticos, lejos de ser esporádicos y aislados, como muy bien cabe pensar de ser esporádicos y asilados, como muy bien cabe pensar que ocurriera en al primera mitad del Siglo XIX, son un fenómeno constante que impregna todas las esferas de la vida cotidiana española. Piénsese sólo, por poner un ejemplo de candente actualidad, en el flujo inmigratorio que, por primera vez en muchos siglos, tiene como destino a nuestro país. Este fenómeno humano, sumado a la internacionalización de la economía, que se ha intensificado en los últimos decenios, ha dado lugar a que constantemente se requieran los servicios profesionales de traductores e intérpretes para todo tipo de actuaciones judiciales, notariales, administrativas y académicas. A esta necesidad ha respondido indudablemente el gran incremento que ha experimentado en las últimas convocatorias el número de aspirantes que se inscriben para realizar las pruebas exigidas para al expedición del nombramiento de intérprete jurado.

Como es sabido, la tendencia actual es al aumento de la necesidad de traducción e interpretación pero también a la privatización de la profesión de Intérprete. Entendida como desvinculación de las Administraciones Públicas. La existencia ya en nuestro país de centros universitarios que expedirán en los próximos años los primeros títulos de grado superior en dichas materias avalan esta tendencia, que es común en otros países de nuestro entorno.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, saluda esta conmemoración y reconoce el mérito que en el tráfico privado y en la materia de su especialidad han desarrollado los intérpretes jurados, cuya importancia viene en cierto modo reconocida con la creación reciente de licenciaturas universitarias en traducción e interpretación.

La existencia de la figura del Intérprete Jurado –esto es, de un profesional capacitado para emitir traducciones con carácter oficial – es imprescindible en todo país de derecho, si se desea un buen funcionamiento de los aspectos de la administración y del ejercicio de la justicia que impliquen a ciudadanos, entidades o administraciones de nacionalidades con lenguas distintas a las oficiales españolas.

El nombramiento de intérprete jurado es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo expide previo examen de los candidatos por la Oficina de Interpretación de Lenguas, o sin necesidad de realizar los exámenes respecto a las personas que se encuentran en posesión del título de Licenciado en Traducción e Interpretación. Una vez obtenido el nombramiento, las traducciones que realicen los intérpretes jurados tienen carácter oficial.

En estos momentos, y a pesar de la antigüedad de la profesión de intérprete jurado, no están legisladas las competencias profesionales, de manera que es corriente en nuestro país instancias de legislación en las que cabría sospechar el desconocimiento del proceso de emisión de las traducciones oficiales. El intrusismo que, bien por desconocimiento o bien por dejadez, resulta en múltiples ocasiones de la falta de legislación sobre las competencias de los intérpretes jurados, da origen, en el mejor de los casos, al desprestigio de la profesión, e indirectamente al desdoro de la autoridad de ese Ministerio de quien éstos dependen; y en el peor, puede resultar en perjuicio para quienes utilizan los servicios de personas no capacitadas para emitir traducciones oficiales.

Por todo lo que antecede,

SE RUEGA

a esa Secretaría General Técnica tenga a bien elaborar una legislación sobre las competencias de los intérpretes jurados, y en su día, publicar la misma, a efectos de la divulgación entre todos los organismos de la Administración, así como del conocimiento general de todos los ciudadanos. En líneas generales, estas competencias deberían, a nuestro entender, ser como sigue:

Toda traducción o interpretación destinada a cualquier órgano de la Administración de España deberá ser realizada por un profesional que ostente el correspondiente nombramiento.

Considerando que en algunos países de la Comunidad no existe una categoría de profesionales de la traducción habilitados para emitir traducciones e interpretaciones fehacientes, con lo cual los traductores e intérpretes jurados distan mucho, en estos momentos de ser un cuerpo de profesionales homologados en el ámbito de la totalidad de los países miembros de las Comunidades Europeas,

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Parlamentaria competente que estudie la situación de los traductores e intérpretes jurados en los países miembros de la CEE y que, de acuerdo con su poder de iniciativa, elabore la propuesta de Directiva que rija las competencias de los intérpretes jurados para todos los países miembros de la CEE.